Banderazo de Salida
EDITORIAL
* La Contraloría al fin allanó el camino para concesionar la carretera a Caldera
* La experiencia con esta y otras obras revela la necesidad de reformas legales
Con su aval al ‘addendum’ del contrato para concesionar la construcción y operación de la carretera a Caldera, la Contraloría General de la República ha dado, desde el ámbito del Estado, el banderazo final para que puedan iniciarse los trabajos en esa vía. Ahora, como paso previo al comienzo de las obras, fijado para enero del próximo año, restan tres trámites que no tendrían por qué demorar más este largo proceso. Uno es de resorte del concesionario: la firma del contrato entre el consorcio Autopistas del Sol, a cargo del proyecto, y sus financistas, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la Caja de Madrid. Los otros dos, según los representantes de la compañía, dependen de la acción gubernamental: unas pocas expropiaciones pendientes, y el permiso ambiental para aprovechar materiales de construcción a lo largo de la vía.
Si, como esperamos, los últimos requisitos se cumplen a tiempo, podremos felicitarnos, como país, de que una obra tan importante para mejorar nuestra infraestructura vial al fin pueda comenzarse. Y si, como confiamos que suceda, el proceso avanza y concluye sin alteraciones, dentro de unos tres años tendríamos, al fin, una obra de gran magnitud construida según el esquema de concesión, algo de lo que aún no hemos sido capaces. Sin embargo, también debemos analizar con gran sentido crítico y afán de enmienda, por qué pasaron 30 años desde que la carretera a Caldera se gestó, y por qué, durante ese tiempo, se produjeron tantas decisiones erróneas, tantos vacíos, torpezas y retrocesos, a un enorme costo para el desarrollo nacional.
En este viacrucis se pueden identificar dos grades etapas. La primera, cercana a la concepción del plan, estuvo marcada por la crisis económica que se desató durante la segunda mitad del Gobierno del presidente Rodrigo Carazo (1978-1982). Las finanzas públicas entraron en tales dificultades y el acceso al crédito internacional para el desarrollo se dificultó tanto que debió archivarse el proyecto durante varios años. Luego surgió, como una excelente opción, la posibilidad de utilizar la figura de concesión, según la cual una empresa privada financia y ejecuta el proyecto, que luego administra como fuente de ingresos (mediante los peajes) para pagar sus obligaciones y obtener un rédito. Esta fue la segunda gran etapa, gestada en la segunda mitad de la pasada década, sumamente accidentada, y de la que al fin pareciera que obtendremos frutos.
Si a las dificultades con esta carretera sumamos los fracasados esfuerzos para ampliar y modernizar (también mediante concesión) la vía San José-San Ramón y la desastrosa experiencia con la “gestión interesada” del Aeropuerto Juan Santamaría, debemos concluir que padecemos un terrible retraso en los mecanismos jurídicos y administrativos para emprender el tipo de obras de infraestructura que requiere el país, y que, por la insuficiencia presupuestaria del Estado, solo podrán hacerse mediante concesión. Incluso, la buena experiencia con el puerto de Caldera, que ha mejorado sustancialmente su eficiencia desde que lo comenzó a operar una compañía privada, estuvo precedida por un proceso de adjudicación extremadamente largo, que retrasó seriamente la puesta en práctica de las mejoras.
Lo que se hace imperativo, frente a esta realidad, es reformar, para mejorarla, la Ley de Concesión de Obra Pública y reforzar las instancias que deberán aplicarla. En la Asamblea Legislativa se encuentra muy avanzado el trámite de un proyecto que, aunque dista de ser el mejor, al menos implica importantes avances. Sin embargo, y a pesar del presunto apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas, aún no ha sido aprobado. En vista de su importancia y urgencia, debería estar entre las prioridades esenciales tras el trámite de la agenda de implementación del TLC.
Mientras tanto, el Gobierno debe seguir haciendo todo lo que pueda dentro de las circunstancias legales imperantes. Porque el banderazo para la carretera a Caldera, así como lo ya logrado en su puerto, además de su importancia intrínseca, indican que, incluso en circunstancias adversas, es posible avanzar cuando hay voluntad y gente competente impulsando los procesos.
La Nacion
Editorial
* La Contraloría al fin allanó el camino para concesionar la carretera a Caldera
* La experiencia con esta y otras obras revela la necesidad de reformas legales
Con su aval al ‘addendum’ del contrato para concesionar la construcción y operación de la carretera a Caldera, la Contraloría General de la República ha dado, desde el ámbito del Estado, el banderazo final para que puedan iniciarse los trabajos en esa vía. Ahora, como paso previo al comienzo de las obras, fijado para enero del próximo año, restan tres trámites que no tendrían por qué demorar más este largo proceso. Uno es de resorte del concesionario: la firma del contrato entre el consorcio Autopistas del Sol, a cargo del proyecto, y sus financistas, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la Caja de Madrid. Los otros dos, según los representantes de la compañía, dependen de la acción gubernamental: unas pocas expropiaciones pendientes, y el permiso ambiental para aprovechar materiales de construcción a lo largo de la vía.
Si, como esperamos, los últimos requisitos se cumplen a tiempo, podremos felicitarnos, como país, de que una obra tan importante para mejorar nuestra infraestructura vial al fin pueda comenzarse. Y si, como confiamos que suceda, el proceso avanza y concluye sin alteraciones, dentro de unos tres años tendríamos, al fin, una obra de gran magnitud construida según el esquema de concesión, algo de lo que aún no hemos sido capaces. Sin embargo, también debemos analizar con gran sentido crítico y afán de enmienda, por qué pasaron 30 años desde que la carretera a Caldera se gestó, y por qué, durante ese tiempo, se produjeron tantas decisiones erróneas, tantos vacíos, torpezas y retrocesos, a un enorme costo para el desarrollo nacional.
En este viacrucis se pueden identificar dos grades etapas. La primera, cercana a la concepción del plan, estuvo marcada por la crisis económica que se desató durante la segunda mitad del Gobierno del presidente Rodrigo Carazo (1978-1982). Las finanzas públicas entraron en tales dificultades y el acceso al crédito internacional para el desarrollo se dificultó tanto que debió archivarse el proyecto durante varios años. Luego surgió, como una excelente opción, la posibilidad de utilizar la figura de concesión, según la cual una empresa privada financia y ejecuta el proyecto, que luego administra como fuente de ingresos (mediante los peajes) para pagar sus obligaciones y obtener un rédito. Esta fue la segunda gran etapa, gestada en la segunda mitad de la pasada década, sumamente accidentada, y de la que al fin pareciera que obtendremos frutos.
Si a las dificultades con esta carretera sumamos los fracasados esfuerzos para ampliar y modernizar (también mediante concesión) la vía San José-San Ramón y la desastrosa experiencia con la “gestión interesada” del Aeropuerto Juan Santamaría, debemos concluir que padecemos un terrible retraso en los mecanismos jurídicos y administrativos para emprender el tipo de obras de infraestructura que requiere el país, y que, por la insuficiencia presupuestaria del Estado, solo podrán hacerse mediante concesión. Incluso, la buena experiencia con el puerto de Caldera, que ha mejorado sustancialmente su eficiencia desde que lo comenzó a operar una compañía privada, estuvo precedida por un proceso de adjudicación extremadamente largo, que retrasó seriamente la puesta en práctica de las mejoras.
Lo que se hace imperativo, frente a esta realidad, es reformar, para mejorarla, la Ley de Concesión de Obra Pública y reforzar las instancias que deberán aplicarla. En la Asamblea Legislativa se encuentra muy avanzado el trámite de un proyecto que, aunque dista de ser el mejor, al menos implica importantes avances. Sin embargo, y a pesar del presunto apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas, aún no ha sido aprobado. En vista de su importancia y urgencia, debería estar entre las prioridades esenciales tras el trámite de la agenda de implementación del TLC.
Mientras tanto, el Gobierno debe seguir haciendo todo lo que pueda dentro de las circunstancias legales imperantes. Porque el banderazo para la carretera a Caldera, así como lo ya logrado en su puerto, además de su importancia intrínseca, indican que, incluso en circunstancias adversas, es posible avanzar cuando hay voluntad y gente competente impulsando los procesos.
La Nacion
Editorial
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